La polémica por el retiro de visas a padres mexicanos que han tenido hijos en Estados Unidos ha escalado en las últimas horas. Ahora, diversas mujeres embarazadas que tenían programado su parto en hospitales estadounidenses en los próximos meses han reportado en redes sociales que sus médicos particulares les han cancelado las citas y se han negado a brindarles el servicio obstétrico.
De acuerdo con los testimonios difundidos, algunas de las afectadas recibieron la noticia durante una consulta presencial, mientras que otras fueron contactadas vía telefónica para informarles que ya no se harían cargo de sus procesos de gestación y alumbramiento. Ninguna de las mujeres ha revelado la identidad de los facultativos ni los centros médicos involucrados.
Hasta el momento, las autoridades migratorias y sanitarias de Estados Unidos no han emitido un comunicado oficial que prohíba explícitamente a los profesionales de la salud atender a ciudadanas mexicanas en estado de gravidez. Sin embargo, fuentes legales consultadas advierten que los médicos y hospitales podrían ser sujetos a investigaciones si las autoridades consideran que forman parte de una red organizada para facilitar el denominado “turismo de parto”, práctica que ha estado bajo escrutinio en los últimos años.
El riesgo para los galenos no es menor: si el Departamento de Justicia o la Fiscalía Federal determinan que existe una operación diseñada para evadir las leyes migratorias, los involucrados podrían enfrentar cargos por conspiración, falsificación de documentos, fraude en la obtención de visas, o incluso esquemas de facturación fraudulentos ante aseguradoras.
En cuanto a las madres gestantes, el escenario tampoco es alentador. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que cualquier persona que ingrese al país bajo “falsas pretensiones” –es decir, con el objetivo oculto de dar a luz para asegurar la ciudadanía de su hijo– podría ser sometida a investigaciones penales. Entre los delitos que se les imputarían se encuentran el fraude migratorio, el lavado de dinero, el robo de identidad y el uso de medios electrónicos para cometer estafas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por esta situación, pues consideran que la falta de claridad legal deja a las mujeres en un limbo jurídico, sin acceso a atención prenatal ni certeza sobre su estatus migratorio. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia y alerta entre las afectadas, muchas de las cuales ya habían invertido miles de dólares en seguros médicos y reservaciones hospitalarias.
