El “Chernóbil mexicano”: el accidente radiológico que contaminó la frontera desde un hospital de Ciudad Juárez

Daniela Urtaza
9 Min Read

Corría el 6 de diciembre de 1983 cuando, en un hospital privado de esta ciudad fronteriza, dos hombres cargaron una vieja máquina de radioterapia que llevaba años olvidada en una bodega. Nadie imaginaba entonces que aquel equipo, del tamaño de un refrigerador industrial, desataría la cadena de contaminación radiactiva más grave en la historia de México.

Lo que siguió fue una pesadilla invisible: gránulos de Cobalto-60 esparcidos en calles, camionetas impregnadas de radiación, varillas de acero fundidas con material radiactivo que terminaron en viviendas de interés social y restaurantes, y un rastro de contaminación que cruzó la frontera hasta activar las alarmas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Estados Unidos.

Hoy, a más de cuatro décadas del accidente bautizado como el “Chernóbil mexicano”, expedientes desclasificados y testimonios reconstruyen una historia de negligencia, desconocimiento y secretos de Estado que aún duelen en la memoria de la región.

Una máquina sin permiso y un médico que la trajo en su auto

El origen del desastre se remonta a 1977, cuando el médico Abelardo Lemus adquirió una máquina de radioterapia modelo Picker C-3000 a la compañía X-Ray Equipment Co. por cinco mil dólares. El equipo, utilizado para tratar el cáncer, contenía en su interior una fuente activa de Cobalto-60.

Sin embargo, Lemus omitió por completo los protocolos. Nunca notificó al Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) ni gestionó los permisos de importación ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Para abaratar costos, trasladó la máquina desde Estados Unidos en su propio automóvil.

Irónicamente, el equipo jamás se utilizó. Permaneció arrumbado en una bodega del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez durante seis años, hasta aquella noche de diciembre de 1983.

La noche en que se rompió el encapsulamiento

Según consta en la averiguación previa 79/85 de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el técnico del hospital Vicente Sotelo Alardín, ayudado por su amigo Ricardo Hernández, sacó la máquina del almacén por instrucciones del doctor Lemus. El médico, sin embargo, siempre negó haber dado la orden y acusó a Sotelo de robo, pese a que el equipo pesaba alrededor de 100 kilos.

Lo que ocurrió después fue catastrófico. Sotelo y Hernández extrajeron la fuente radiactiva de su blindaje y la perforaron, rompiendo el encapsulamiento que mantenía aislado el Cobalto-60. Los gránulos comenzaron a dispersarse.

La camioneta pick-up donde transportaron la fuente quedó impregnada. Poco después se averió y permaneció estacionada 40 días en la calle Aldama, colonia Bellavista. Niños jugaban a su alrededor sin saber que respiraban un veneno invisible.

Del yonke a las viviendas: la contaminación se expande

Sotelo y Hernández llevaron la máquina al Yonke Fénix, uno de los deshuesaderos más comunes en la frontera, con la idea de venderla como chatarra. Allí, los trabajadores manipularon la fuente sin protección alguna.

Uno de ellos, Antonio Fabela, de apenas 23 años, murió siete meses después. Su familia contó que primero perdió el cabello, luego aparecieron lesiones en la piel y finalmente los médicos diagnosticaron cáncer.

Pero la tragedia no se detuvo ahí. La chatarra contaminada fue vendida a la fundidora Aceros de Chihuahua, S.A. (Achisa) y a la maquiladora Falcón de Juárez. En esos lugares, el metal radiactivo se mezcló con otros materiales y se fundió para producir varillas de acero y bases metálicas.

Según documentos de la CNSNS, la fuente de Cobalto-60 tenía una actividad inicial de 1003 curies en 1977. Para finales de 1983 aún conservaba aproximadamente 450 curies, una cantidad todavía altamente peligrosa.

La casualidad que destapó el desastre

El 16 de enero de 1984, un camión cargado con varilla contaminada de Achisa se perdió en la ruta y pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Los detectores de radiación del centro —el mismo donde décadas antes Robert Oppenheimer construyó la bomba atómica— se activaron de inmediato.

Tres días después, el Departamento de Salud de Texas notificó a las autoridades mexicanas. La noticia dio la vuelta al mundo. La revista Proceso tituló: “Mil toneladas de varilla radiactiva, perdidas en el país”, mientras The New York Times advertía que el accidente en Juárez podía convertirse en uno de los peores desastres nucleares en América.

El 20 de enero, personal de la CNSNS comenzó inspecciones en la fundidora y en el yonke, confirmando la contaminación. Dos días después hallaron gránulos de Cobalto-60 esparcidos en calles de Ciudad Juárez.

Para entonces, gran parte de la varilla contaminada ya había sido exportada a Estados Unidos. Otra se distribuyó en al menos 16 estados de México, principalmente en Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa. La investigación estimó que el accidente produjo alrededor de 6 mil toneladas de varilla contaminada y expuso a unas 4 mil personas a radiación.

“La Piedrera”, el cementerio radiactivo

Comenzó entonces una frenética labor de descontaminación. En febrero de 1984 se eligió un sitio en el desierto de Samalayuca, Chihuahua, para almacenar los desechos. Sin embargo, la fuerte oposición de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad Juárez llevó al gobernador a cancelar el proyecto justo cuando iniciaba el traslado del material.

Finalmente, a principios de noviembre, se seleccionó “La Piedrera”, a 15 kilómetros al suroeste de Samalayuca, en el ejido El Vergel, con el consentimiento de los ejidatarios. Allí se construyeron enormes sarcófagos de concreto para confinar la chatarra radiactiva: varillas, bases de mesas, tierra e incluso la camioneta pick-up contaminada.

En total, se enterraron alrededor de 36 mil toneladas de residuos. Cientos de viviendas construidas con varilla contaminada fueron demolidas: 814 en total, según los registros.

Las cicatrices que aún duelen

El informe de la CNSNS reconoció daños irreversibles en varios pacientes. Al menos cinco personas recibieron dosis extremadamente altas, de entre 300 y 700 rems. Los trabajadores del yonke y las fundiciones presentaron dolores de cabeza, diarrea, fiebre, caída de cabello y manchas en la piel. Algunos, como los hermanos Agustín y Pedro de la Cruz, quedaron con esterilidad irreversible.

El expediente se mantuvo como secreto de Estado durante décadas. Aunque la CNSNS y el IMSS intentaron dar seguimiento médico, con el tiempo abandonaron la tarea. La población de Ciudad Juárez vivió semanas de incertidumbre sin saber si sus casas, calles o lugares de trabajo estaban contaminados.

Especialistas aclaran que, pese al apelativo de “Chernóbil mexicano”, la magnitud del accidente no es comparable con el desastre soviético de 1986, aunque su impacto en la memoria colectiva de la frontera sigue siendo profundo.

El misterio del técnico que desapareció

El paradero de Vicente Sotelo Alardín sigue siendo un enigma. Los registros oficiales lo ubican por última vez a mediados de los años ochenta. En 1984 se le practicaron estudios de sangre que no mostraron daños por radiación, pero poco después desapareció.

En 1985, las autoridades intentaron localizarlo sin éxito. Vecinos de la colonia Bellavista recuerdan que se mudaba con frecuencia, hasta que un día su rastro simplemente se perdió. Para algunos, fue solo un trabajador que siguió órdenes sin imaginar las consecuencias; para otros, el responsable directo del mayor accidente radiológico en la historia de México.

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